En un mundo donde los recursos públicos son finitos y las necesidades sociales crecientes, ejercer un control riguroso sobre el gasto es fundamental para garantizar el bienestar colectivo. La sostenibilidad financiera no es una meta aislada, sino un proceso continuo que requiere planificación, transparencia y visión estratégica.
Este artículo explora las bases legales, los mecanismos de control, las previsiones macroeconómicas y las mejores prácticas para que las Administraciones Públicas alcancen un equilibrio óptimo entre ingresos y gastos, protegiendo su estabilidad a largo plazo.
Definición y marco legal
La sostenibilidad financiera se cimienta en el artículo 4.1.2 de la LOEPSF, que define la capacidad de financiar compromisos presentes y futuros dentro de límites de déficit, deuda pública y morosidad comercial. La normativa europea y las reglas sobre morosidad refuerzan este concepto al exigir plazos de pago a proveedores stringentemente vigilados.
El principio de prudencia financiera en operaciones crediticias obliga a las entidades públicas a evaluar riesgos y proyectar escenarios antes de contraer nuevas deudas. De este modo, cualquier decisión de inversión o gasto extraordinario debe alinearse con la trayectoria de ingresos esperada y las restricciones legales establecidas.
Límites clave para la sostenibilidad
- Déficit estructural cero: Exigido para Administraciones Públicas de contabilidad nacional, garantiza que el gasto corriente no supere los ingresos tras ajustes cíclicos.
- Deuda pública máxima del 60% del PIB: Límite europeo que protege la trayectoria de crecimiento de un país frente a cargas excesivas de financiación.
- Plazo medio de pago a proveedores: Debe mantenerse dentro de máximos legales para evitar morosidad y preservar la confianza del sector privado.
Estos límites no son meras cifras, sino barreras diseñadas para proteger a la sociedad de crisis futuras y asegurar que las generaciones venideras no hereden cargas insostenibles.
La regla de gasto: Herramienta central
La regla de gasto, consagrada en el artículo 12 de la LOEPSF, restringe el crecimiento del gasto computable al ritmo del PIB a medio plazo. Su finalidad es simple pero poderosa: alinear el aumento del gasto con la evolución de los ingresos y evitar desviaciones que generen déficits reiterados.
- Determinación del gasto computable: Se excluyen intereses de deuda, fondos de contingencia y determinadas transferencias.
- Comparación con la tasa de referencia: La variación anual no debe superar el crecimiento medio del PIB.
- Información y seguimiento: Los informes periódicos de la IGAE y la AIReF monitorizan el cumplimiento y alertan sobre posibles riesgos.
Gracias a esta regla, las Administraciones han adoptado un enfoque más prudente, priorizando inversiones sostenibles y evitando aumentos de gasto no financiados. El resultado ha sido una reducción significativa de la necesidad de financiación externa y una mejora en los ratings crediticios.
Previsiones y situación actual
La AIReF, en sus últimos análisis para 2025-2026, estima un crecimiento del PIB del 2,9% en 2025 y del 2,4% en 2026, cifras que influyen directamente en el margen de maniobra para el gasto público. Además, sitúa el déficit de las Administraciones en el 2,5% del PIB para 2025, incluyendo desastres naturales.
El siguiente desglose por subsectores muestra cómo se distribuye ese déficit y las tasas de crecimiento permitidas según la regla nacional y la europea:
El análisis revela desafíos y oportunidades: mientras algunos sectores pueden expandir su gasto ligeramente, otros deberán enfocar sus recursos en proyectos de alta rentabilidad social y eficiencia energética.
Casos prácticos y recomendaciones
¿Cómo pueden las Administraciones traducir estas normas en acciones concretas? A continuación, algunas pautas:
- Planificación plurianual: Establecer presupuestos trienales que anticipen variaciones de ingresos y necesidades emergentes.
- Inversiones financieramente sostenibles: Priorizar proyectos con retornos sociales y ambientales claros.
- Digitalización de procesos: Reducir costes administrativos y mejorar la trazabilidad del gasto.
- Comunicación transparente: Informar periódicamente a la ciudadanía sobre el estado de las cuentas y las metas alcanzadas.
Las entidades locales que han implementado estas recomendaciones han logrado mayor confianza de inversores y una mejor posición para acceder a fondos europeos.
Conclusión
Dominar el gasto público es más que una obligación legal: es un compromiso con la equidad intergeneracional y la resiliencia económica. Al aplicar la regla de gasto y respetar los límites de déficit, deuda y morosidad, las Administraciones Públicas construyen un entorno en el que los servicios esenciales pueden mantenerse, crecer y adaptarse a los retos del futuro.
La sostenibilidad financiera exige voluntad política, disciplina presupuestaria y participación ciudadana. Solo así, mediante decisiones informadas y una visión de largo plazo, podremos asegurar que los recursos públicos sirvan de palanca para un desarrollo inclusivo y duradero.
